El Tercer Informe sobre Integridad del proceso electoral 2023-2024 identifica cinco focos rojos en el periodo de intercampañas: un conjunto de faltas a la integridad electoral que deben corregirse para garantizar la equidad en la contienda.
- Involucramiento del presidente de la república en la elección.
- Violación sistemática a la legislación electoral por parte de las coaliciones y sus precandidaturas.
- Crisis internas y de legitimidad en el arbitraje electoral.
- Los diferentes tipos de violencia que rodean las elecciones.
- Uso de los procedimientos sancionadores para limitar el debate público y la libertad de expresión.
Este jueves 4 de abril, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el ANIE presenta el 3er Informe de integridad del proceso electoral 2023 – 2024, que analiza el periodo de intercampañas del 19 de enero y el 29 de febrero de 2024. El evento contó con la presencia de organizaciones de la sociedad civil de todo el país —algunas parte de la Asamblea del ANIE, otras más que, en el marco del evento, sumaron su firma al Acuerdo— representantes del TEPJF, la directora de la Facultad, expertos electorales, estudiantes, entre otros importantes participantes.
Como en los informes previos, el trabajo del ANIE consistió en detectar y señalar las irregularidades que puedan afectar la integridad del proceso electoral. En éste se advierten 5 focos rojos frente a los cuales resulta imperativo tomar acciones urgentes y contundentes para salvaguardar la integridad del proceso electoral:
- El involucramiento directo y sistemático del presidente de la República en el proceso electoral. A pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales, ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia.
- Desde el ANIE enfatizamos la necesidad de que todas las personas en cargos públicos, incluyendo al presidente, se adhieran a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
- La transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas. Observamos una tendencia preocupante de los actores políticos a mantener una alta presencia mediática y proselitista que genera inequidad y dificulta la fiscalización.
- El ANIE llama a las autoridades electorales a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y sanción para garantizar el cumplimiento del marco jurídico electoral y preservar la equidad en la competencia electoral.
- El desempeño de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, que han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de arbitraje. Tanto el INE como el TEPJF han experimentado conflictos y divisiones internas lo que dificulta la toma de decisiones y genera dudas sobre la estabilidad de los criterios aplicados en la organización y fiscalización del proceso electoral.
- El ANIE considera crucial que las autoridades electorales fortalezcan su cohesión interna, mejoren la calidad de sus decisiones y actúen con firmeza y transparencia para salvaguardar la integridad del proceso electoral generando confianza en la ciudadanía. También hacemos un llamado al Senado de la República para que realice las designaciones pendientes.
- La persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para implementar medidas de protección, como la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, el proceso electoral se ha visto marcado por un preocupante aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidaturas, funcionarios públicos y personas involucradas en la contienda. La violencia ha afectado a actores de todos los partidos y ha resultado en al menos 24 asesinatos a aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular.
- El ANIE considera imperativo que se fortalezcan los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la violencia política, y se establezcan protocolos más efectivos para garantizar la integridad física de quienes participan en el proceso electoral.
- El uso indebido de los procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación. Durante el periodo de intercampañas, observamos un aumento en el número de denuncias presentadas por candidaturas y partidos contra periodistas, líderes de opinión y ciudadanos que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales.
- Desde el ANIE enfatizamos la importancia de que las autoridades electorales establezcan criterios claros y garantías para prevenir el abuso de estos mecanismos, protegiendo así el legítimo ejercicio de la libertad de expresión; además, condenamos el uso indebido de procedimientos legales para silenciar críticas y opiniones divergentes.
Es necesario que las autoridades competentes investiguen y sancionen con celeridad y firmeza cualquier violación a la normativa electoral, especialmente aquellas que involucren el uso indebido de recursos públicos, la comisión de violencia política o la intervención del crimen organizado en las elecciones. Asimismo, se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno para garantizar una respuesta efectiva y oportuna ante los riesgos y amenazas identificados.
Por último, hacemos un llamado a la colaboración y corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso electoral. Exhortamos a los partidos y candidaturas a suscribir el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, en el que se comprometan a conducirse con apego a los principios democráticos y a denunciar cualquier irregularidad que atente contra la equidad de la contienda. Asimismo, convocamos a la sociedad civil organizada a redoblar sus esfuerzos de observación electoral, documentando y visibilizando cualquier falta o violación a la ley.
Sólo mediante la suma de voluntades y la acción coordinada de todos los sectores podremos hacer frente a los desafíos que enfrenta nuestra democracia y garantizar un proceso electoral íntegro, transparente y legítimo.
Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral