El primer informe analiza con una perspectiva de integridad electoral los hechos relacionados con el proceso electoral 2023-2024 hasta el inicio de las precampañas. Se toma en cuenta el comportamiento no sólo de los partidos políticos, sino también de las autoridades electorales.
Se subrayan cuatro temas que generan preocupación:
1) la inequidad en la contienda ocasionada por la selección anticipada de personas candidatas
2) la respuesta institucional ante esta situación
3) el debilitamiento institucional
4) el contexto de violencia del país
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Las organizaciones que forman parte del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral presentaron el Primer Informe sobre la Integridad Electoral en el Proceso Electoral 2023-2024. A partir de la metodología que fue diseñada para el seguimiento y observación de todo proceso electoral, se busca comprender el panorama electoral, los riesgos y los focos rojos que serán determinantes para calificar la integridad del proceso electoral en su totalidad.
Este primer informe ofrece un panorama inicial del proceso. Se subraya la preocupación respecto de cuatro temas:
- El riesgo de que la inequidad con la que inicia la contienda electoral sea un factor determinante en el desarrollo de las campañas;
- Los actores políticos incumplen de manera sistemática las reglas electorales;
- Autoridades electorales con capacidad operativa limitada al no estar adecuadamente integradas, además de una potencial pérdida de capacidad de arbitraje político, y
- El riesgo de que el crimen organizado esté cada día más cerca de las elecciones.
En el informe se destacan como focos rojos previos al inicio del proceso electoral; los intentos de reforma electoral que se llevaron a cabo en 2022 y luego en 2023, los cuales agregaron una dosis importante de incertidumbre legal e institucional al proceso; así como los actos y eventos anticipados a los tiempos que marcan las leyes electorales para elegir candidaturas presidenciales que llevaron a cabo los partidos políticos. De manera particular, se hace referencia a los actos públicos llevados a cabo para la selección de coordinadores de las coaliciones políticas, los cuales se considera que a pesar de estar avalados por las autoridades electorales – INE y TEPJF – excedieron los parámetros constituciones y legales válidos, y afectaron la equidad de la contienda. Para el ANIE este punto se considera una falta a la integridad electoral que preocupa de cara a la equidad en la elección.
Adicional a ello se identifican múltiples focos de alerta a la integridad, incluso de viabilidad de este proceso electoral, a pesar de que recién empezó. Los procesos adelantados ofrecieron una ventaja a la coalición cercana al gobierno en turno; las coaliciones opositoras respondieron con el mismo desdén a los tiempos dispuestos por la ley en un intento de saldar la ventaja. Esta misma lógica se trasladó a la selección de personas candidatas en todos los niveles y puestos competidos en esta elección. La respuesta de las autoridades no ha sido suficientemente contundente. Se emitieron lineamientos cuya implementación resultará en multas cuantiosas para los actores políticos, que tratan a estas sanciones como costos aceptables para avanzar en la contienda. Más que condenar las nuevas dinámicas para adelantarse a la elección, la decisión de las autoridades electorales ha sido encausar legalmente los actos ocurridos como parte del proceso interno, a pesar de que, para la ciudadanía resulta evidente la simulación y preocupante los límites a la fiscalización que se ha llevado a cabo para la promoción y publicidad de las personas “coordinadoras de las coaliciones”. Esta situación se relaciona con otro de los focos de riesgo identificados: el debilitamiento institucional.
La descalificación constante de las autoridades por parte del poder Ejecutivo, los recortes presupuestales por parte del poder Legislativo y la indebida conformación de las autoridades electorales pone en duda la capacidad operativa de las mismas para cumplir a cabalidad y con profesionalismo sus tareas. Instamos al Senado a priorizar la designación de las dos magistraturas pendientes del TEPJF y de las salas regionales, y al INE a llegar a los consensos necesarios a través del diálogo para nombrar a la Secretaría Técnica y a las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades pendientes en el INE.
Por otra parte, nos preocupa el contexto de violencia del país y su posible efecto en la votación, en la capacidad de participar como persona candidata, en la posibilidad del verdadero ejercicio democrático.
Los municipios son los más vulnerables en este aspecto. Si la fuerza impera, la democracia no puede existir, Por esto, consideramos que es crucial monitorear la situación muy de cerca: la violencia será un factor determinante para la participación electoral de la ciudadanía y para la integridad física de las candidaturas.
El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral es un observatorio neutral e imparcial que estará monitoreando y evaluando el desempeño de los actores políticos y de las instituciones electorales.
Consideramos que, desde la sociedad civil, es posible nombrar los riesgos y darle voz a la preocupación general que como mexicanos tenemos frente a un proceso electoral que empezó siendo ya distinto a todos los anteriores.
